Por Mario Javier Pacheco
“Por la paz hay que hacer todo lo posible, menos caer en la astucia de los terroristas y ceder a sus pretensiones. No retribuirles para que dejen de matar y déjenme decirles que por esta razón, no he podido comprender, ni puedo aprobar el acuerdo entre el gobierno de Colombia y las FARC.
Las sociedades libres no son libres a medias; si no se defienden, están condenadas a vivir como sociedades del miedo.”
José María Aznar
Los terroristas del ELN reconocieron la autoría de la masacre contra los jóvenes cadetes de la Escuela General Santander y lo justificaron diciendo que:
“La Escuela de Cadetes de la Policía Nacional, es una instalación militar; donde reciben instrucción y entrenamiento los oficiales que luego combaten. Por tanto la operación realizada es lícita dentro del derecho de la guerra, no hubo ninguna víctima no combatiente.
La aberración conceptual y consiguiente jactancia del horror, tiene origen en la permisividad del gobierno anterior que premió el delito y a la que Luis Guillermo Echeverri le salió al paso:
“El comunicado del ELN es una amenaza al sistema democrático. Este Gobierno no admite el concepto de conflicto armado y por tanto los supuestos estatus de beligerancia, derecho de rebelión y conexidad de delitos bajo los cuales ellos se acreditan como actores legítimos en una supuesta guerra, no son admisibles en un Estado de pleno derecho, como Colombia.” Los conceptos de democracia y conflicto armado interno son incompatibles”
Efectivamente, Santos en un mico de la Ley 1448 de 2011 y Samper en otro de la ley 387 de 1997, reconocieron el Conflicto Armado Interno y dieron a las FARC el estatus de beligerancia que los transformó, de asesinos, a insurgentes y a creerse con «Derecho a la guerra»
Dicho reconocimiento equivalió a reconocer que el Estado perdió el monopolio de las armas, de la ley y de la justicia, pues las FARC, armadas, declararon no aceptar la Constitución, que debió ajustarse a su medida, tampoco aceptaron la justicia ordinaria y entonces se les creó la JEP y otras instituciones, que hacen la cama del denominado posconflicto.
Esas claudicaciones jurídicas y éticas no cobijaron al EPL, ni al ELN que buscando las mismas gabelas, dilataron la firma de cese bilateral del fuego y del acuerdo de paz, incrementando sus acciones contra la población civil y la infraestructura nacional, creyendo que con Duque se jugaría como con Santos, pero confesado el crimen, el presidente activó los mecanismos para apresarlos, comenzando por solicitar a Cuba la entrega de los conversadores.
Los sectores mamertos de Colombia pusieron el grito al cielo y desde los medios lamentaron con hipocresía el crimen de los cadetes, refiriéndose, acto seguido, al asesinato de los líderes sociales, como un hipotético talión y muchos quisieron camuflarse en la Marcha de solidaridad del domingo. Vicky Dávila, por ejemplo, asistió envuelta en una bandera y no tuvo empacho moral, ni jurídico, para usar a un menor que vestía una camiseta en la que criticaba a Duque y a Uribe.
Otros, con la misma hipocresía, mencionaban el asesinato de los jóvenes y exigían a la vez, respeto a los protocolos con Cuba, para que no se tocaran sus guerrilleros
El Canciller Carlos Holmes Trujillo advirtió que “El gobierno del presidente Duque no reconoce esos protocolos” y en un rápido periplo, recibió del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un comunicado que “subraya la necesidad de llevar ante la justicia a los autores, organizadores, financiadores y patrocinadores de los actos de terrorismo” y respalda la petición de Colombia.
Miguel Ceballos, Comisionado de Paz, explicó que dichos protocolos nunca tuvieron la calidad de acuerdo o resolución que obligara a Venezuela, Cuba Chile, Brasil y Noruega, y que los policías son civiles, no militares como asegura el ELN y por lo tanto no combatientes, así que el atentado violó todos los principios de derechos humanos. No se permitirá que la cúpula del ELN ingrese libremente al país para que se escondan en la selva a seguir generando actos de terror contra los colombianos.
Pero seguimos jugando en el campo de las FARC. Los países testigos se solidarizaron con Colombia, menos Noruega que le dio el Nobel a Santos luego que su ministra Kullmann, le firmara un jugoso contrato petrolero, y es que allá funge como embajador, Jorge Leyva, hijo de Álvaro Leyva Durán, el camaleónico negociante de la paz, que ha sido conservador, gobiernista, fariano y ahora eleno; autor intelectual de los acuerdos y quien los “blindó” constitucionalmente.
Para finalizar, es necesario volver a las palabras del presidente Duque: Somos una sola Colombia en medio de nuestras diferencias; no tenemos que pensar igual, pero tenemos que concentrarnos en las cosas que nos unen y no en las que nos dividen»
Nada de protocolos. Cuba debe entregar a los asesinos para que se les juzgue.
