SANGRE COLOMBO-VENEZOLANA
Periodismo Asesinado
Por Jesús David Ortega Escobar — 01 de Octubre de 2026
Esta vez el mensaje era distinto.
Cristian Herrera había sido asesinado.
Por unos segundos, una ciudad entera pareció caber dentro de la pantalla de un teléfono. La noticia llegó como llegan muchas de las malas noticias en Cúcuta: de golpe, entre mensajes, llamadas y publicaciones que empiezan a repetirse antes de que alguien alcance a entender qué pasó.
Yo conocía a Cristian desde antes de que ambos termináramos compartiendo aquel espacio institucional. Nos habíamos encontrado en gestiones culturales y periodísticas. Habíamos hablado. Le di la mano. Coincidimos en proyectos relacionados con una Cúcuta que también quería mirar hacia afuera y no solamente hacia sus problemas.
Uno de esos proyectos era la Casa de Cultura de Corea, un sueño que buscaba acercar a Cúcuta y al nororiente colombiano con Corea del Sur. Cristian apoyó aquellas gestiones. El proyecto sigue siendo eso: un sueño.
Quizá por eso su muerte produjo una sensación difícil de explicar.
Mientras algunos intentamos construir puentes culturales hacia otros lugares del mundo, en nuestra propia frontera todavía existen fuerzas empeñadas en levantar muros.
Pero después de la noticia quedó claro que para entender la muerte de Cristian había que regresar varios años.
Fuente: Caracol Radio / La Opinión, 6 de junio de 2026, Cristian Herrera, periodista judicial de Cúcuta, asesinado el 6 de junio de 2026.
CRISTIAN: EL PERIODISTA QUE HABÍA APRENDIDO A TRABAJAR CON EL RIESGO
Cristian Hernando Herrera Nariño llevaba más de dos décadas en el periodismo. Durante años trabajó como reportero judicial y de orden público, especialmente en La Opinión y otros medios de Cúcuta. También desarrolló medios digitales y, desde 2019, fue corresponsal de la Fundación para la Libertad de Prensa en Norte de Santander. Posteriormente integró el consejo directivo de esa organización.
El riesgo no apareció el día de su asesinato. Lo acompañaba desde mucho antes.
Según la FLIP, Herrera salió de Colombia en 2004 y permaneció cerca de un año exiliado en Chile por amenazas relacionadas con su trabajo. Después regresó a Cúcuta. Desde 2014, la organización documentó al menos 17 agresiones en su contra. En 2017 sobrevivió a una tentativa de homicidio.
Aquel episodio ayuda a entender lo que suele perderse cuando una noticia termina resumida en una sola palabra: asesinato.
En enero de 2017, Herrera se dirigía a cubrir una información en el sector de El Cerrito, en Cúcuta, cuando el vehículo de la Unidad Nacional de Protección en el que viajaba junto con otro periodista fue interceptado por hombres en motocicleta.
El vehículo recibió golpes y disparos. Todos sobrevivieron.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos registró el ataque en su informe anual de 2017 y señaló que Herrera contaba con protección de la UNP desde 2014. Después del atentado, las medidas de seguridad fueron reforzadas.
La protección, sin embargo, no eliminó el riesgo. Le permitió seguir trabajando dentro de él.
En 2023, Herrera volvió a denunciar amenazas. Una de ellas quedó registrada en una denuncia conocida públicamente en septiembre de 2026. Una nota fue dejada en el panorámico de su camioneta mientras estaba estacionada frente al edificio de su suegra.
En esa denuncia explicó que sus investigaciones trataban sobre bandas criminales, ELN, disidencias, explotación sexual, narcotráfico y corrupción. En otra declaración incluida en esa documentación, señaló que las amenazas buscaban que dejara de investigar, que dejara de publicar lo que ocurría en la ciudad y que abandonara Cúcuta.
Una amenaza contra un periodista no intenta solamente modificar la vida privada de una persona. También puede intentar modificar lo que esa persona publica. Y cuando consigue que una investigación no avance o que una información deje de circular, el efecto alcanza a toda la sociedad.
El 6 de junio de 2026, Cristian fue atacado en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta. Murió mientras era trasladado a un centro asistencial.
La investigación judicial comenzó ese mismo día.
Tres días después, la Policía y la Fiscalía capturaron a tres personas que, según la investigación, habrían participado en la planeación y ejecución del crimen. Las autoridades indicaron que más de 400 horas de grabaciones de cámaras de seguridad ayudaron a reconstruir los movimientos previos al ataque.
Los capturados fueron identificados como John Sebastián Duque Andrade, Angélica Vesga Arenas y Wilmer Portillo González. Posteriormente fueron enviados a prisión y no aceptaron los cargos.
La Policía señaló inicialmente que el presunto sicario tendría vínculos con la estructura conocida como Familia P y que una de las líneas de investigación buscaba establecer quién había ordenado el homicidio.
La precisión es necesaria: capturar a presuntos autores materiales no significa haber establecido toda la responsabilidad intelectual del crimen.
A septiembre de 2026, esa parte de la investigación continuaba abierta. La Fiscalía no había establecido públicamente quiénes fueron los autores intelectuales.
Las investigaciones de Herrera tampoco terminaron con su muerte.
En julio, Caracol Radio informó que las autoridades tenían en su poder apuntes y grabaciones de entrevistas realizadas por el periodista antes de ser asesinado. Los materiales estaban relacionados con investigaciones sobre otros homicidios ocurridos en Cúcuta.
El contenido fue presentado como una línea investigativa en desarrollo, no como una verdad judicial definitiva.
En septiembre apareció otro episodio. El correo personal de Cristian recibió notificaciones de la Fiscalía sobre dos denuncias que él mismo había presentado en 2023 y 2026. La institución las notificó como si el periodista siguiera vivo.
La burocracia continuaba enviando mensajes a una persona que ya no podía responderlos.
Sus investigaciones, sin embargo, seguían teniendo información que podía resultar relevante para otros procesos.
UNA CIUDAD QUE APRENDE A VIVIR CON LAS MALAS NOTICIAS
Al nororiente de Colombia existe una tierra que muchas veces parece olvidada.
Norte de Santander carga con una historia que debería obligarnos a mirar hacia ella. En Villa del Rosario se reunió en 1821 el Congreso de Cúcuta, asociado con la construcción institucional de la naciente república, en una época en la que palabras como libertad, independencia y ciudadanía intentaban convertirse en instituciones.
Pero basta recorrer la región para encontrar una contradicción.
Puente Internacional Tienditas, en la frontera entre Colombia y Venezuela, Cúcuta, 2026. Foto: Luisa González / Reuters.
La historia habla de libertad.
La frontera, muchas veces, habla de miedo.
Cúcuta está frente al Táchira. Familias, comerciantes, trabajadores y miles de historias personales han cruzado durante décadas una frontera que para los mapas es una línea, pero que para quienes viven allí puede parecer una prolongación de la misma vida.
Hay una frontera formal y existe otra que casi nadie puede dibujar.
La primera aparece en los mapas. La segunda atraviesa las relaciones humanas, el comercio, la migración, la cultura, la pobreza, las economías ilegales y la violencia.
Pero incluso esa explicación puede quedarse en una metáfora si no se mira a las personas.
Un periodista que investiga una banda no está hablando de una abstracción. Está entrando en una estructura que puede tener presencia en un barrio, una cárcel, una ruta de contrabando o una red de extorsión.
Un comerciante que cruza la frontera no atraviesa únicamente un punto de control. Puede encontrarse con territorios donde las reglas formales conviven con normas impuestas por actores ilegales.
Y una familia desplazada del Catatumbo no llega a Cúcuta como una cifra. Llega con lo que pudo sacar de su casa.
El periodista que cubre esa realidad también vive allí. Tiene que decidir qué puede preguntar, qué fuente puede proteger y qué información puede publicar.
En 2024, la FLIP documentó 59 agresiones contra periodistas en Norte de Santander, entre ellas 34 amenazas y dos asesinatos. En todo el país registró 530 ataques contra 330 comunicadores, incluidos 215 amenazas, 20 desplazamientos forzados, cuatro exilios y dos secuestros.
Los tres periodistas asesinados por razones relacionadas con su oficio ese año incluyeron a Jaime Vásquez, en Cúcuta, y Jorge Méndez, en el Catatumbo.
El dato importa porque muestra que la muerte de Cristian no apareció en un vacío. Pero tampoco permite afirmar que cada agresión tenga el mismo origen o que todos los crímenes respondan a una sola estructura.
La frontera tiene demasiados actores, demasiadas economías y demasiadas violencias superpuestas.
JAIME VÁSQUEZ: CUANDO LA VEEDURÍA SE CONVIERTE EN PERIODISMO
Antes de Cristian estuvo Jaime Vásquez.
No era exactamente el mismo tipo de periodista. Era abogado, veedor ciudadano y creador de contenido. Utilizaba Facebook y otras redes para investigar y denunciar asuntos de interés público en Cúcuta y Norte de Santander.
La FLIP documentó que realizaba transmisiones en vivo y mostraba documentos relacionados con contratación, licitaciones, hospitales públicos, contratistas, actores políticos y otros asuntos de interés ciudadano.
Su herramienta principal no era una redacción llena de reporteros. Era una cámara, una cuenta en redes sociales y una colección de documentos.
El 14 de abril de 2024 fue asesinado en el barrio La Riviera de Cúcuta.
Jaime Vásquez, abogado, veedor ciudadano y comunicador de Cúcuta, asesinado en abril de 2024.
Dos días antes, según la FLIP, había advertido públicamente que existía un plan para matarlo. Su muerte produjo una pregunta que sigue siendo relevante: ¿qué sucede cuando quien investiga asuntos de interés público deja de estar vivo para continuar investigándolos?
En este caso sí existen avances judiciales concretos.
En diciembre de 2024, un juez penal especializado condenó a 28 años de prisión a Gustavo Alexander Corredor Torres, alias El Enano, después de que aceptara su participación en el homicidio. Según la Fiscalía, había realizado labores de vigilancia y alertado a los sicarios sobre los movimientos de Vásquez. También fueron judicializadas otras personas señaladas de participar en el crimen.
En mayo de 2025, además, un juez avaló un preacuerdo mediante el cual Bardomar Rafael Evaristo Pereda, alias El Gringo o Gringolandia, aceptó responsabilidad en el homicidio y recibió una condena de 23 años. La Fiscalía sostuvo que pertenecía a una organización criminal y que tuvo un papel en la planeación y ejecución del crimen.
Eso permite afirmar algo con mayor precisión que cualquier sospecha: el asesinato de Vásquez no quedó reducido a una noticia de un domingo. Hubo investigación, judicialización y condenas.
Pero también conviene distinguir su caso del de Cristian.
No existe evidencia suficiente para afirmar que ambos asesinatos fueron ordenados por las mismas personas ni que obedecieran a una única estructura. Tampoco es necesario afirmarlo para reconocer un elemento común: los dos habían convertido asuntos incómodos de la vida pública de Cúcuta en información para otros.
La diferencia entre ambos casos es tan importante como su semejanza.
Jaime investigaba y denunciaba desde la veeduría y las redes sociales. Cristian ejercía el periodismo profesional y judicial desde hacía décadas. Uno trabajaba principalmente desde la exposición de documentos y transmisiones digitales; el otro desde una trayectoria periodística que incluía cobertura judicial, fuentes, investigaciones y defensa de la libertad de prensa.
No eran la misma persona.
Pero sus historias permiten formular la misma pregunta democrática: ¿cuánto puede investigar una sociedad antes de que el costo de hacerlo se vuelva demasiado alto?
EL SILENCIO RUIDOSO DEL CATATUMBO
Más al norte está el Catatumbo.
La región ha estado atravesada por la presencia y disputa de grupos armados, economías ilegales y crisis humanitarias que afectan directamente a la población civil.
Durante la escalada de violencia de enero de 2025, la FLIP advirtió que medios de comunicación locales dejaron de emitir información sobre el conflicto.
No fue necesario que todos los periodistas fueran asesinados para que apareciera el silencio.
Bastaba el temor.
El Catatumbo, Norte de Santander, una región atravesada por conflicto armado y economías ilegales. Fuente: Raúl Arboleda / AFP.
La organización documentó mensajes y presiones de integrantes del ELN y de disidencias que buscaban que comunicadores realizaran entrevistas o difundieran contenidos favorables a sus intereses. La prensa quedaba atrapada entre grupos que pretendían utilizarla como instrumento de comunicación y una población que necesitaba información precisamente sobre lo que estaba ocurriendo.
Ese fenómeno es difícil de medir.
Cuando una emisora deja de informar sobre un enfrentamiento, el vacío no aparece en una estadística de homicidios. Cuando un periodista decide no mencionar una economía ilegal, la autocensura no deja un cadáver.
Pero algo desaparece.
Desaparece una parte de la conversación pública.
La FLIP ha descrito este fenómeno como una forma de censura producida por la violencia. En su informe sobre 2024 señaló que los grupos armados ilegales fueron responsables de 122 hechos de amenazas contra periodistas en el país, frente a 64 registrados en 2023. También documentó un aumento de los desplazamientos forzados de periodistas.
En el Catatumbo, esa presión tiene una dimensión adicional: la información se produce en medio de una disputa territorial.
El periodista puede convertirse en objetivo porque publica. Pero también puede convertirse en instrumento porque otros quieren que publique.
Entre esas dos presiones queda un espacio estrecho: el de la independencia.
CUANDO PREGUNTAR TIENE UN PRECIO
Yo soy periodista.
También soy Consejero Municipal de Cultura de San José de Cúcuta, representante de las organizaciones no gubernamentales culturales.
Durante algún tiempo he aprendido que denunciar tiene una cara.
Esa cara es el miedo.
Lo digo desde mi propia experiencia, pero no quiero convertir este texto en una historia sobre mí. No me interesa presentarme como víctima ni como héroe. Sería demasiado sencillo y, sobre todo, demasiado cómodo.
Lo que me interesa es otra cosa: entender qué significa para una sociedad que una persona pueda levantarse, escribir una denuncia, preguntar por un presupuesto, cuestionar una decisión, investigar una irregularidad o simplemente decir que algo no está funcionando.
Jesús David Ortega Escobar, Consejero Municipal de Cultura de Cúcuta, durante dialogo con las etnias indígenas y la delegación de corea del sur, 2026.
Una democracia no comienza solamente cuando alguien deposita un voto en una urna. También comienza cuando un ciudadano puede formular una pregunta sin tener que calcular primero cuánto puede costarle hacerla.
Eso también es cultura.
La cultura no es únicamente una agenda de conciertos, exposiciones, libros o festivales. También es la capacidad de una sociedad para producir conversación, desacuerdo, memoria y pensamiento crítico.
Por eso la libertad de expresión no pertenece únicamente a los periodistas.
El periodista es una pieza de esa libertad, pero la audiencia también lo es. Si un periodista es amenazado para que no publique una investigación, el daño no termina en la sala de redacción. También alcanza al ciudadano que necesitaba conocer esa información para tomar una decisión, exigir una respuesta o simplemente entender lo que ocurría en su propia ciudad.
La violencia contra la prensa tiene una víctima visible y muchas víctimas silenciosas.
Una de ellas puede ser una información que nunca llegó a publicarse. Otra, un documento que nadie volvió a revisar.
UNA FRONTERA QUE NO TERMINA EN EL PUENTE
Existe una tentación frecuente cuando se habla de Cúcuta y San Antonio: explicar todos sus problemas por la frontera.
Es una explicación cómoda y, por eso mismo, insuficiente.
La frontera no produce por sí sola la violencia. Tampoco convierte automáticamente a sus habitantes en víctimas o sospechosos.
Lo que existe es una combinación histórica y cambiante de factores: movilidad humana, comercio formal e informal, desigualdad, economías legales e ilegales, presencia de grupos armados, instituciones que intentan responder y comunidades que llevan décadas aprendiendo a convivir con la incertidumbre.
La frontera amplifica algunos problemas y crea otros.
El Catatumbo agrega una dimensión rural y armada que no puede confundirse con la vida urbana de Cúcuta, San Antonio y Ureña. La ciudad, a su vez, tiene sus propias estructuras criminales, disputas por rentas ilegales y dinámicas políticas.
Los periodistas se mueven entre esos territorios.
Por eso el asesinato de Cristian no puede explicarse únicamente desde la palabra frontera. Pero tampoco puede entenderse completamente sin ella.
El periodismo regional tiene una característica que desde las grandes capitales puede pasar inadvertida: quien informa también vive allí.
El periodista que cubre una amenaza conoce el barrio. Conoce las calles. Puede conocer al funcionario que investiga. Puede encontrarse con una fuente en una tienda. Puede llevar a sus hijos al mismo colegio que otras personas. Puede cruzarse con quienes aparecen en sus investigaciones.
La distancia entre la noticia y la vida cotidiana es mucho menor.
Eso puede darle al periodismo regional una fuerza especial.
También puede hacerlo más vulnerable.
En el caso de Cristian, esa vulnerabilidad no era una percepción abstracta. Había dejado registros de amenazas, había tenido protección, había sobrevivido a un atentado y había continuado investigando.
LAS VOCES QUE TODAVÍA HABLAN
Después de la muerte de Cristian, colegas, organizaciones de libertad de prensa y autoridades exigieron investigar el crimen. La FLIP pidió esclarecer no solamente a quienes ejecutaron el homicidio, sino la cadena completa de responsabilidades.
La investigación avanzó rápidamente en su primera fase. Cámaras de seguridad, análisis de imágenes, seguimientos y capturas permitieron llevar a tres presuntos participantes ante la justicia.
Pero la velocidad de esas capturas no significa que el caso esté cerrado.
A septiembre de 2026, la identidad de quienes habrían ordenado el crimen seguía sin establecerse públicamente por la Fiscalía.
La justicia necesita establecer, entre otros aspectos, quién decidió, quién coordinó, quién financió, quién facilitó y cuál fue el motivo.
Y si el asesinato estuvo relacionado con su oficio, también será necesario establecer qué información podía estar detrás de esa violencia.
En julio, las autoridades encontraron apuntes y grabaciones de Herrera relacionados con investigaciones que había dejado inconclusas. En septiembre aparecieron nuevas notificaciones sobre denuncias que había presentado antes de morir.
El periodista ya no estaba.
Sus investigaciones sí.
EPÍLOGO: LAS PREGUNTAS QUE QUEDAN
A veces pienso en la tierra de la que venimos.
En aquella Cúcuta histórica donde se discutía la forma de construir la Gran Colombia. En Bolívar. En Santander. En las palabras libertad e independencia que tantas veces repetimos como patrimonio.
Y después pienso en mi ciudad actual.
Pienso en Jaime Vásquez.
Pienso en Cristian Herrera.
Pienso en Jorge Méndez, asesinado en el Catatumbo en 2024.
Pienso en los periodistas que han sido amenazados, desplazados o forzados a cambiar lo que cubren. Pienso en las emisoras que han tenido que medir cada palabra. Pienso en los ciudadanos que necesitan información para entender el lugar donde viven.
Todo termina llevando al mismo punto: el derecho a informar y a preguntar sin que hacerlo implique enfrentar la violencia.
¿Cuánto cuesta preguntar?
En una región donde periodistas y comunicadores han sido amenazados, desplazados y asesinados, la respuesta no puede medirse solamente en expedientes judiciales. También está en aquello que deja de publicarse, en las investigaciones que quedan inconclusas y en las conversaciones que una comunidad decide callar.
La libertad de expresión se pone a prueba cuando una pregunta incomoda y, en lugar del miedo, encuentra documentos, argumentos y justicia.
NOTA DE DOCUMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN
Esta versión amplía el texto original con información pública verificada hasta el 30 de septiembre de 2026. Se evitó presentar como hecho cualquier hipótesis no confirmada. En particular, se distingue entre capturas y judicializaciones de presuntos autores materiales y la identificación aún pendiente de los determinadores del homicidio de Cristian Herrera. Las experiencias personales, encuentros y proyectos culturales del autor se conservaron como material testimonial procedente del manuscrito original.
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). “Cristian Herrera: una pérdida irreparable para el periodismo y la libertad de prensa en Colombia”, 6 de junio de 2026. Historial de amenazas, exilio, ataques y papel de Herrera en la FLIP.
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). “Bajo todos los fuegos: periodismo y nuevas guerras en Colombia”, 9 de febrero de 2025. Datos nacionales y de Norte de Santander sobre agresiones, asesinatos, desplazamiento y presión armada sobre la prensa.
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). “Conflicto en el Catatumbo silencia y pone en riesgo a la prensa local”, enero de 2025. Presiones, autocensura e instrumentalización de medios en el Catatumbo.
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). “Asesinato de Jaime Vásquez afecta el cubrimiento de temas de interés público”, 23 de abril de 2024. Perfil de Vásquez, sus denuncias y avances iniciales del proceso.
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Podcast “Después de la censura: El asesinato de Jaime Vásquez: impunidad y silencio en Cúcuta”. Contexto sobre sus investigaciones, advertencias y continuidad de sus denuncias.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Informe Anual 2017, capítulo Colombia. Registro del ataque de enero de 2017 contra Cristian Herrera y Andrés González y referencia a la protección de la UNP.
El Espectador. “Asesinan a Cristian Herrera, conocido periodista de Cúcuta: llevaba varios años amenazado”, 6 de junio de 2026. Trayectoria, amenazas, exilio y antecedentes del ataque de 2017.
Caracol Radio. Cobertura del 6 al 14 de junio de 2026 sobre el asesinato de Cristian Herrera, capturas, judicialización y avances iniciales de la investigación.
Caracol Radio / Daniel Coronell. “Investigación de Cristian Herrera, el periodista asesinado en Cúcuta, continúa después de su muerte”, 31 de julio de 2026. Apuntes, grabaciones y líneas investigativas halladas después del asesinato.
Semana. “Exclusivo: las amenazas que denunció Cristian Herrera, periodista asesinado en Cúcuta”, 27 de septiembre de 2026. Denuncias presentadas por Herrera y documentación de amenazas.
Fiscalía General de la Nación, reportada por medios. Información judicial sobre el homicidio de Jaime Vásquez: condena de Gustavo Alexander Corredor Torres y posterior condena de Bardomar Rafael Evaristo Pereda, según coberturas de diciembre de 2024 y mayo de 2025.
UNESCO. Comunicado del 21 de mayo de 2024 sobre el asesinato de Jaime Vásquez y el llamado a investigar el crimen.
